Activistas medioambientales recibieron más de 600 ataques en los últimos dos años en Latinoamérica
Organizaciones indígenas y campesinas de la región reunidas en Buenos Aires advirtieron que «nuestros países son las zonas más peligrosa para ser activista medioambiental» y reportaron 130 agresiones en México, 103 en Brasil, 87 en Honduras, 82 en Perú, 76 en Colombia, 40 en Guatemala, 27 en Ecuador y 17 en Argentina.
Más de 600 ataques a activistas medioambientales se produjeron de 2020 a 2022 en América Latina, aseguraron este jueves representantes de organizaciones indígenas y campesinas defensoras de la tierra de Argentina, Perú, Guatemala y Colombia, y reclamaron mecanismos de protección para estos colectivos, en el marco de la Segunda Reunión de la Conferencia de las Partes (COP 2) del Acuerdo de Escazú que se realiza en Buenos Aires.
Los integrantes de la Plataforma de Defensores de la Tierra y El Territorio, que nuclea a activistas de siete países, aseguraron que América Latina se convirtió en «la región más peligrosa para ser activista medioambiental» debido a la represión, judicialización y asesinatos que se reportaron sobre los grupos que defienden los territorios.
«Los pueblos fuimos despojados de nuestras tierras por las trasnacionales y cuando nos organizamos para defender nuestros derechos nos estigmatizan, nos dicen terroristas y nos asesinan. En los últimos años la represión se ha agravado y hemos sido fuertemente perseguidos con muchos dirigentes asesinados», afirmó Leiria Vay, integrante del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) de Guatemala.
«No han dicho que el desarrollo es para mejorar las condiciones de vida, se puso de moda ese discurso y mucha gente se ilusionó, pero no dijeron que era para entrar a nuestros territorios y vaciarnos», acusó Vay y contó que en su país este despojo profundizó la pobreza y produjo un enorme proceso migración de personas.
«El 20% del PBI del país es de hermanos que mandan remesas desde Estados Unidos», precisó.
En un informe presentado por la Plataforma, que tomó casos de diciembre de 2020 a diciembre de 2022, se reportaron 130 ataques en México, 103 en Brasil, 87 en Honduras, 82 en Perú, 76 en Colombia, 40 en Guatemala, 27 en Ecuador y 17 en Argentina, entre los principales.
Raquel Reynoso, de la Asociación Ser, de Perú, comentó que su país tiene una cobertura boscosa de casi el 60% del territorio que albergan a más de 50 pueblos indígenas que sufren «una fuerte presión por acceder a sus recursos» por el boom exportador de cobre y otras materias primas.
«El estado redujo la institucionalidad ambiental. No tenemos una ley de ordenamiento territorial, quienes ordenan los territorios son las grandes concesiones mineras. Perú esta todo concesionado, es un trámite administrativo», aseveró
Reynoso se quejó de que su país no ratificó el Acuerdo de Escazú por «una presión muy fuerte de los grupos empresariales que dicen que el acuerdo nos va a recortar nuestra soberanía nacional y que pone en peligro las inversiones».
Javier Medina, de Colombia, denunció que en su país «el conflicto armado pasó a ser un proceso de control del territorio, por eso Colombia es uno de los países que más personas desplazadas internamente tiene, con alrededor de ocho millones».
Fuente: Télam. S.E.