Cruce de acusaciones por los incendios de pastizales en Entre Ríos
La quema de pastizales en la zona del Delta entrerriano generó un cruce entre las fuerzas políticas del oficialismo y la oposición, además de denuncias cruzadas en la Justicia. Tanto Pablo Javkin, intendente de Rosario, ciudad afectada por el humo de los focos ígneos en territorio entrerriano, como el gobernador Gustavo Bordet, desde Paraná, tomaron la determinación de denunciar penalmente las quemas.
Despliegan fuerzas nacionales en las islas frente a Rosario ante el avance de la quema de pastizales
. La autodenominada Comisión Radical por la Producción y el Trabajo, que integra, entre otros, el exsenador provincial Raymundo Kisser, criticó en duros términos al gobierno entrerriano, y dejó trascender que «se trata de incendios intencionales e ideológicos propiciados desde arriba para tratar de enfrentar la ciudad con el campo». Para Kisser, la quema de los pastizales se enmarca en una serie de acciones que incluyen el daño intencional de silobolsas y «la inacción frente a la manga de langosta que llegó a la provincia», dijo a LA NACIÓN.
Por su parte, el fiscal de Estado provincial, Julio Rodríguez Signes, no dudó en señalar que las quemas tienen su origen en el accionar de productores ganaderos, con la finalidad de hacer refinamiento de pasturas, pese a que está prohibido por ley.
El representante legal del gobierno entrerriano sostuvo que la provincia está ocupada en tres cuestiones. «La primera es, a través de la Policía, establecer la causa de los incendios y extinguir el fuego. En segundo lugar, la Secretaría de Ambiente tramita los procesos sumarios para sancionar con multas a los que contravienen la Ley 9868, que es la que prohíbe la quema de pastizales. Y en tercer lugar es que la provincia ha formulado una denuncia penal y nos constituimos en querellantes particulares».
«El gobierno sabe lo que tiene que hacer, y hace convocatorias a entidades del campo para que se sumen a una comisión de seguimiento, como pantalla, pero mientras tanto siguen avanzando sobre el productor sin identificar grandes de chicos. Concretamente el gobierno no actúa, sino que lo hacen los productores cada vez que surge un problema, como el de las langostas que ingresaron a la provincia desde Paraguay», fustigó Kisser.
Lejos de esa postura, el fiscal de Estado afirma que el inicio del fuego no es ideológico, sino económico. Rodríguez Signes dijo que en la provincia hay poco menos que un millón y medio de hectáreas de anegadizos sobre una provincia que tiene 7 millones y medio de hectáreas, y que «por las características naturales es muy difícil acceder porque no cuentan con infraestructura eléctrica, ni vial, ni de casi ningún tipo. Es una zona sometidas a la conducta del río, no apta para la urbanización y el desarrollo y eso se nota a lo largo de los años».
«La provincia -indicó Rodríguez Signes a LA NACIÓN– tiene problemas enormes; no puede entrar con camiones hidrantes y entendemos que las primeras quemas de pastizales han sido de los propios ganaderos para hacer refinamiento de pasturas, que está prohibido. Eso se descontroló y una vez que tomó fuego es muy difícil apagarlo. Y cuando cambia el viento se vuelve a encender».
Acciones
Para el abogado del Estado entrerriano, el gobernador Bordet se concentró en «atacar la cuestión de los incendios, luego en la denuncia penal y, para el futuro, en desarrollar un preacuerdo con la provincia de Santa Fe a fin de custodiar ambientalmente el uso de las islas».
«Muchos propietarios de los campos del delta entrerriano son rosarinos, de manera que también deben hacerse cargo de las custodias patrimoniales», dijo el funcionario.
Ayer Bordet, la vicegobernadora Laura Stratta y concejales de la ciudad ribereña de Victoria, ubicada en la geografía entrerriana frente a Rosario, analizaron el problema y definieron acciones. «Es importante sentar una postura de coresponsabilidad», dijo la vicegobernadora, que es oriunda de Victoria, y agregó: «No es cuestión de echar la culpa a alguien, sino de todos asumir la parte que nos toca y, en ese aspecto, los concejales de Victoria también quieren fijar un posicionamiento desde el Concejo Deliberante para poder defender nuestra soberanía, marcar las acciones que se vienen desarrollando en el territorio para aplacar el fuego. El marco legislativo que se viene acompañando también para mejorar el nivel de sanciones, pero tiene que ver con el trabajo articulado entre provincia y municipio, además de articular con la vecina provincia de Santa Fe».
Por: Jorge Riani– Diario La Nación