La ‘uberización’ llega al campo español: los fondos comienzan a controlar el negocio

Escribe EDUARDO BAYONA @e_bayona

«Observamos un cambio de paradigma en el modelo productivo en el que los grandes inversores, en muchas ocasiones con capital ajeno al agrario que busca sólo rendimientos económicos (…) ganan terreno en detrimento de los agricultores y agricultoras tradicionales», denuncia la organización agraria COAG en su informe La uberización del campo español, en el que pone sobre la mesa cómo el avance de los modelos industriales de producción, la financiarización del sector y la liberalización comercial se están llevando por delante los modelos productivos, tal y como está sucediendo en otros ramos de lo que se ha dado en llamar el nuevo precariado, como el taxi o la distribución de mercancías al por menor, e incluso el propio modo de vida del campo, en cuyo horizonte comienzan a tomar cuerpo nubarrones con forma de falso autónomo.

Esa transformación queda enmascarada por los resultados globales que está generando la agricultura mientras se intensifican los procesos de ‘uberización’, o cuando menos industrialización, ya que la rentabilidad se está disparando con hitos como los del año pasado, con récords simultáneos en renta agraria (30.217 millones de euros) y valor final de la producción agraria (50.349) mientras las exportaciones (50.349) están cerca de haberse duplicado en una década.

Sin embargo, insiste COAG, «lo que va bien es lo macroeconómico, las grandes cifras de producción y exportación, pero a los agricultores y agricultoras no nos va tan bien» con este cambio de modelo en el que «nuestras explotaciones están dejando de tener carácter familiar» y en el que «el valor de lo que producimos no llega a quienes lo producimos».

Eso, en un país en el que el 60% de los agricultores ha cumplido los 65 mientras solo el 6% no llega a 35, equivale a un claro riesgo de puntilla para la explotación tradicional. «Nos llevan a la ruina y somos reemplazados por grandes extensiones e inversiones especulativas con otra filosofía de funcionamiento», anota el informe, que al mismo tiempo destaca cómo esa «rentabilidad no asegura el relevo generacional y agrava el problema de abandono del sector y despoblación del medio rural».

La evolución del empleo en el campo que muestra la media de trimestres de la EPA (Encuesta de Población Activa) apunta en esa misma dirección, con la desaparición de casi la cuarta parte de los autónomos del campo en solo una década, en la que han dejado la actividad 67.000 que se ganaban la vida por su cuenta y más de 2.000 que contrataban trabajadores, mientras el volumen de asalariados crecía más de un 20% con más de 87.000 incorporaciones que superan con creces la caída de los primeros.

Casi la cuarta parte de los autónomos del campo en solo una década han desaparecido. A estos datos hay añadirles otro que resulta sintomático del declive que la expansión del nuevo modelo de agricultura industrializada está provocando en la tradicional de tipo familiar: el volumen de gente que ayuda en las cuadras o los campos de casa, por lo general cónyuges o descendientes del titular de la explotación, ha quedado reducida prácticamente a la cuarta parte al pasar de 48.400 a 14.200 personas.48.400 a 14.200 personas.

En un periodo similar, entre 2007 y 2018 y según los anuarios estadísticos del Ministerio de Agricultura, el número de explotaciones agrarias se redujo en España algo más de un 10% al caer de 1.043.899 a 933.059, mientras la superficie cultivada pasaba de 24,89 a 23,22 millones de hectáreas (-6,8%). Es decir, que cada vez hay menos explotaciones pero estas son de mayor tamaño, lo que vendría a confirmar la intensificación de los procesos de acaparamiento de tierras de manera simultánea al desembarco de inversores y fondos de inversión en el sector.

Robots, datos y apariencia de falta de competitividad

La organización agraria llama la atención sobre varias de esas tendencias que amenazan el modelo tradicional de la agricultura. «Comienzan a verse procesos de integración toda la cadena, tendentes hacia el oligopolio, desde los proveedores de insumos, pasando por la producción hasta la comercialización que llega al consumidor», señala.

Mientras tanto, la robótica y el negocio de los datos empiezan a adentrarse en el campo y al tiempo que la combinación de la liberalización de los mercados y las exigentes reglamentaciones comunitarias para producir y vender artículos agrarios generan una apariencia de “falta de competitividad” que acaba resultando perjudicial para el agricultor tradicional.

Junto con esos factores, añade el estudio, «observamos la creciente entrada de capital externo en el sector primario» tras un «aumento del interés de los inversionistas por la agricultura» en el que influyen desde las políticas expansivas del BCE (Banco Central Europeo), que llevan a los inversores a buscar negocios más allá de la banca y sus productos financieros, hasta las «perspectivas de crecimiento de población y de necesidad de alimentos», lo que eleva el «valor estratégico» de las empresas agrarias.

La uva de mesa, el porcino industrial y otros sectores

El informe, en cuya elaboración han participado varios expertos además de los servicios técnicos de COAG, destaca la ‘uberización’ que se ha dado en varios sectores, entre los que destaca el de la uva de mesa en Murcia, donde se ha disparado la producción para exportar con «una comercialización por parte de pocas y grandes empresas» y donde «el modelo de integración, similar al que caracteriza el sector porcino, crece a pasos agigantados» en un cuadro al que «se suma la entrada de capital externo a través de fondos de inversión y capital riesgo».

«Los precios que se pagan al agricultor cubren dichos altos costes de producción, pero con una rentabilidad supervisada y muy limitada», anota el estudio. Tres empresas, Moyca Grapes, El Ciruelo y Frutas Esther, «acaparan alrededor del 85% de la uva de esta zona» con un sistema de producción que «se basa en que los agricultores asumen el riesgo productivo, mientras mantienen la propiedad de la tierra», a base de «contratos de compraventa de producto a largo plazo con las empresas integradoras», que les facilitan «asesoramiento técnico, insumos productivos y permisos para plantar y producir (previo pago del royalty correspondiente) las variedades de uva» de su propiedad.

«Los precios que se pagan al agricultor cubren dichos altos costes de producción, pero con una rentabilidad supervisada y muy limitada», anota el estudio, que apunta cómo, salvo casos excepcionales, el agricultor solo puede vender la producción de las vides a la misma empresa que le vende las plantas. Si cambia de comprador, debe arrancarlas.

En este escenario, «la integradora asegura una rentabilidad en tanto en cuanto tenga voluntad de hacerlo», mientras que «la supervivencia de un agricultor, en especial si su explotación no está diversificada, queda supeditada al destino y a los intereses de la empresa integradora», que en este caso son además las dueñas de los canales de comercialización a escala planetaria.

El sector lechero y el porcino, cuya progresiva industrialización está acabando con las explotaciones familiares, son dos de los más afectados por el modelo de integración, que también se da en ámbitos como la producción de hortalizas para supermercados, en el que “el modelo de competencia entre empresas independientes en cada eslabón de la cadena está siendo sustituido por otro modelo de competencia entre cadenas completas de suministro que buscan imponerse al resto en el mercado”.

Medidas para atajar la ‘uberización’

COAG, que pretende abrir con este informe un debate que evite que la figura del agricultor quede reducida a la de un mero maquilero que trabaja para una gran empresa a cambio de una parte de la producción, propone varias medidas básicas para atajar la ‘uberización’ del sector primario.

La organización aboga, entre otras medidas, por recuperar el papel de las cooperativas como medio para canalizar la rentabilidad hacia las explotaciones familiares

Así, la organización aboga por recuperar el papel de las cooperativas como medio para canalizar la rentabilidad hacia las explotaciones familiares, por aplicar medidas que faciliten el relevo generacional y reduzcan la brecha de género en el sector y por abrir nuevas líneas de trabajo como “establecer exhaustivas medidas legislativas y normativas” que regulen tanto el acceso de los fondos de inversión a la agricultura como su retirada, susceptible de causar “situaciones de grave crisis en las zonas de producción”, y, también, establecer fórmulas para remunerar los datos que genera el agricultor.

«Peligra el modelo de producción familiar y profesional (…) en la medida en que no consigamos poner de relieve el papel protagonista del agricultor en el proceso» de transformación digital del sector agropecuario, concluye COAG.