Termina un año que nadie olvidará. Esperamos un 2023 en que la política nos dé respuestas y soluciones
Por Carlos Achetoni (*)
Culmina un año que nadie olvidará. Para todos los argentinos, con la satisfacción de que nuestra Selección Nacional logró ganar el Mundial, después de tantos años fue una alegría que compartimos todos por igual. Sin embargo, para los pequeños y medianos productores este 2022 no tiene mucho más para festejar. Todo lo contrario.
Cuando miramos hacia atrás, nos encontramos con que parece que atravesamos una carrera de obstáculos. Que nos pusieron una traba tras otra, en un camino en subida, que no sabemos adónde nos lleva, pero sabemos que nos castiga sin piedad. Por supuesto, esto se sumó a todo lo que atravesamos en la pandemia, que tantos perjuicios nos generó, pues pese a que pudimos trabajar al ser considerados esenciales, tuvimos múltiples problemas que enfrentar. Además, en el plano internacional, sufrimos también los coletazos de la guerra entre Ucrania y Rusia, que impactó en el sector.
Sin embargo, los golpes más fuertes que recibimos fueron de dos fuentes: la política y el clima.
En cuanto a la política, comenzó el año con una serie de medidas dispuestas de manera unilateral e inconsultas por parte del gobierno para el sector, que implicaron intervenciones arbitrarias en los mercados de trigo y maíz. A la inacción del gobierno para contener la inflación creciente, se le sumó otra que derivó en la ausencia de gasoil en diversos puntos del país, con los consecuentes sobreprecios que impusieron los aprovechadores de siempre, en detrimento de los productores. Al respecto, cabe señalar que a principio de año decidieron modificar el corte de biodiesel, y habíamos alertado que no era una buena decisión; no nos escucharon y sufrimos las consecuencias.
Luego, al momento en que se desató la guerra entre Rusia y Ucrania, funcionarios del gobierno deslizaron la posibilidad de subir retenciones a la soja, nuevamente esgrimiendo excusas falsas, como el cuidado de la mesa de los argentinos. Rápidamente salimos al cruce de estas versiones, que finalmente no se concretaron, pero generaron una nueva oleada de incertidumbre en el ya complejo escenario en que producimos.
Este año renunció el ministro de Economía, Guzmán. En ese momento se aceleró el dólar blue, impactando rápidamente en los precios de los alimentos. Luego asumió en su lugar Batakis, quien duró 24 días en el cargo y fue destituida, mientras estaba en misión oficial con el FMI. Así, llegó al cargo Sergio Massa, al frente de un “superministerio”. En el mismo acto se degradaba el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca a una secretaría, mostrándose con éste acto de gobierno, una vez más, que el sector agropecuario no es prioridad en el diseño de una política de desarrollo de nuestra actividad. Mientras tanto, más del 55% de los argentinos quedaron sumidos en la pobreza, dependiendo de planes y clientelismo, y muchos otros en la indigencia. Cuán importante sería promover la actividad que no solo produce alimentos, sino que genera desarrollo de toda la comunidad.
Padecimos los vaivenes de un gobierno que un día nos convocaba a dialogar, y al otro nos acusaba de “sentarnos sobre los dólares”. En medio de lo que luego se dio a llamar “discurso de odio”, nos señalaron como los responsables de todos los males, padecimos escarnio público y rotura de silobolsas, por ejemplo. En este escenario en julio convocamos junto a la Comisión de Enlace a la “Jornada de demanda de responsabilidad a la clase política”, para hacer visible todo lo que estábamos atravesando.
Pocos días después se implementó el denominado “dólar soja”, supuestamente para que los productores vendieran su producción e ingresaran dólares al país. Rápidamente dijimos que eso era una trampa, que una vez más se beneficiaba a los concentrados y exportadores, en detrimento de los productores genuinos, en especial los más chicos, que ya casi no tenían qué vender. Otra vez una transferencia de recursos de los más débiles a los poderosos, socios y amigos del gobierno. Dijimos que no era el camino, que había que alentar la producción y no generar más incertidumbre; unificar el tipo de cambio y no seguir inventando nuevos, que perjudicaría a todas las otras producciones. Desgradaciadamente no nos equivocamos. Pero para el gobierno, la medida fue un éxito, porque lograron que les adelantaran dólares que no tendrán el año próximo, tal como acordaron con las exportadoras.
Desde su asunción, mantuvimos diversas reuniones con el mismo Massa, para explicar nuestras preocupaciones, y necesidades. Y luego de escuchar cómo sería el dólar soja, que era la prioridad del gobierno, le dijimos que a los productores nos urgía que se avanzara con respuestas para todos los productores, en especial los pequeños y medianos y los de economías regionales. Días después del anuncio, el BCRA impediría que quienes se hubieran beneficiado con el dólar soja pudieran comprar dólares a precio oficial. En ese momento reiteramos el perjuicio de todas esas medidas para tamberos, porcicultores, productores avícolas o dueños de feedlots que vieron empeorar en horas su condición, además de que la medida no alcanzaba a productores de economías regionales.
A la semana, el secretario Bahillo nos convocó para abrir una agenda de trabajo para buscar soluciones para los pequeños y medianos productores. Luego nos reunimos nuevamente para analizar sus propuestas en apoyo a los pequeños productores de soja y maíz. Le pedimos que revisaran algunas de las condiciones propuestas por el gobierno, para que fuera más inclusivo. Lamentablemente, lo anunciaron días después, sin escuchar nuestras sugerencias. Más tarde llegarían los anuncios de Massa, en Mendoza, que indicó que buscaban proteger las economías regionales a través de la implementación del denominado dólar economías regionales, frente a lo que indicamos que no les serviría a los productores. También prometió ANR y créditos a tasa 0 y a tasa subsidiada y nada de eso se ha cumplido, conjuntamente con la exportación sin retenciones. Posteriormente, instauró una segunda edición del dólar soja, en connivencia con exportadoras y cerealeras, con los mismos fines recaudatorios.
En síntesis, aplicaron una serie de políticas públicas específicas para ingresar divisas al país, cometiendo errores que sólo favorecieron la concentración y complicaron a los productores más chicos. No parecen querer darnos alternativas, sólo que asistamos como espectadores a anuncios que ya tienen preparados o que aplaudamos medidas que nos complican. Realmente es incomprensible, porque comprometen no sólo nuestro futuro sino también la producción de alimentos para los argentinos, el arraigo y la supervivencia de los pueblos del interior.
Además, este año también se trataron en la Cámara de Diputados los proyectos de ley de Humedales. Dijimos “no se trata de seguir generando leyes, rápido y mal, sino que existen al menos 5 leyes que permiten abordar incendios y proteger los humedales, por lo que el foco debería estar puesto en hacer cumplir las normas vigentes”. Y acompañamos la manifestación de los productores e isleños, en el puente Rosario – Victoria.
Asimismo, al enviar el proyecto de ley de presupuesto para 2023 al Congreso, el gobierno deslizó en el artículo 95 la prórroga de la delegación de facultades del Congreso para modificar las alícuotas de las retenciones. Desde la entidad pedimos a los legisladores que no permitieran ese avasallamiento, a través del envío de notas a cada uno de ellos. Finalmente, en la sesión los diputados del oficialismo accedieron a quitar del tratamiento ese artículo, que fue también cuestionado por legisladores de otros partidos políticos.
En síntesis, en este diciembre se cumplen tres años de un gobierno que no nos ha dado ninguna solución ni respuesta a los productores genuinos. Que nos dio la espalda y sonrió al beneficiar a quienes nos llevan a la desaparición, mientras nos asfixia con impuestos, nos deja solos ante la emergencia y nos trata mal ante la sociedad. Accedimos siempre al diálogo, pero nunca nos escucharon. Por eso ahora en diciembre hemos reiterado, sin respuesta positiva, el tratamiento y respuestas urgentes sobre las consecuencias de la sequía. Ya no se puede culpar a la pandemia, ni a la guerra, ni a los “malos y especuladores”. Las respuestas tienen que provenir de las políticas en materia agropecuaria y económica, es una responsabilidad indelegable de quienes conducen nuestros destinos.
En cuanto al clima, ya en los inicios del 2022 alertábamos sobre el fuerte impacto de fenómenos como sequía, intensas lluvias, granizos y vientos huracanados en diversas zonas que habían causado graves daños en distintas zonas, afectando los rindes y las cosechas, al tiempo que destacábamos la gran desidia de las políticas agropecuarias, que no sólo no enfrentan de ningún modo eficaz el cambio climático, ni mitigan sus consecuencias, sino que tampoco modifican los alcances del obsoleto fondo previsto por la Ley de Emergencia y/o Desastre Agropecuario. Tristemente, durante el año esto se profundizó, comenzando con los incendios que devastaron la provincia de Corrientes. La sequía continuó, con consecuencias gravísimas para la producción presente y futura, así como también las heladas tardías, los vientos y el granizo hicieron perder gran parte de la producción de muchas economías regionales. Y la política sigue llegando (si llega) tarde y mal. Al momento, seguimos sin contar con un seguro multirriesgo ni con otra herramienta de ese tipo, para mitigar los efectos de estas inclemencias climáticas.
Como entidad, hemos participado de todas las instancias de diálogo a la que nos han convocado, con el convencimiento de que era el camino. Sin embargo, los funcionarios no han brindado las soluciones esperadas, luego de tanta espera. Casi siempre utilizaron esas mesas para anunciarnos medidas que no consensuaron y pese a nuestras advertencias o pedidos de modificación, prosiguieron en caminos que sabíamos eran incorrectos.
En el año hemos realizado diversas asambleas y reuniones en distintas regiones del país. Y quiero destacar el encuentro que llevamos adelante, junto a las entidades de la Comisión de Enlace, en el espacio conmemorativo del Grito de Alcorta, donde definimos un plan de acción gremial. Luego de eso, realizamos una ronda de reuniones en el Congreso de la Nación, con representantes de las distintas fuerzas políticas, para que conocieran nuestras necesidades y propuestas, convencidos de que la política agropecuaria debía ser motorizada por el Parlamento. Lamentablemente, cierra el 2022 sin que esto haya sucedido. De hecho, ha habido muy pocas reuniones de Comisiones, con agendas de trabajo que en nada reflejan las necesidades y urgencias de los productores genuinos.
Desde FAA les pedimos a los legisladores poder avanzar con una reforma impositiva integral; con la ley de semillas, con el retiro de retenciones desde abajo para proteger a los pequeños y medianos productores y elevación del piso del mínimo no imponible de impuesto a las ganancias para que tuviera progresividad y escalonamiento. Además, que se adecuara la ley de arrendamientos, de modo de garantizar la permanencia de los pequeños y medianos productores en la producción, que minimice el ingreso de capitales por fuera del sector y la especulación. También que se formulara una ley de economías regionales que permitiera estimular y reactivar esas producciones, conteniendo el entramado socio productivo de cada región, así como también que se buscara algún mecanismo de generación de precios de referencias en producciones que no lo tienen, para evitar la distorsión entre lo que reciben los productores y lo que pagan los consumidores. Reiteramos la necesidad de avanzar con la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar que brinde herramientas eficaces para su promoción, desarrollo y arraigo de la familia rural. Finalmente, pedimos que se le diera forma a un plan arraigo de mujeres, hombres y jóvenes, que contemple condiciones económicas y sociales, de infraestructura para la regeneración del entramado rural del interior del país.
Como entidad, este año pudimos “volver a la normalidad”. Realizar las asambleas zonales para luego concluir en nuestro 108° Congreso Anual Ordinario, donde nos reencontramos para debatir y definir la agenda gremial para el período que se iniciaba en septiembre, así como también reelegir autoridades. Hubo debate e intercambios, de los que creo que hemos salido fortalecidos como entidad, en base a nuestra heterogeneidad. Luego pudimos retomar las giras gremiales, realizando reuniones y asambleas en distintos distritos, escuchando como equipo a los productores de primera mano.
El panorama para el 2023 no se ve muy alentador. El gobierno ya gastó a cuenta los dólares de las cosechas, que no tendrá en un año electoral. No sabemos cómo generarán los ingresos que necesitarán para salir adelante como país ni cómo resolverán la tormenta perfecta que pareciera que se avecina, con altísima inflación, un escenario político poco claro y crecientes demandas sociales, consecuencia de la profundización de la pobreza.
Como entidad, no vamos a bajar los brazos y lucharemos con los productores para lograr lo que necesitamos. Sabemos todo lo que hace falta y queremos para poder seguir produciendo con nuestras familias en las chacras, en los campos y en las fincas. No queremos dádivas, queremos que se nos den condiciones para trabajar. En este sentido, sería deseable contar con créditos por producción, que se puedan implementar mecanismos de compras públicas y de mercados de cercanía, que beneficien a los productores de la agricultura familiar; también que se pueda quitar el IVA a productos de la canasta básica, que impacte en el poder adquisitivo de los argentinos. También hemos pedido que se modifique el sistema impositivo, por uno progresivo y distributivo. En cuanto a las retenciones a la soja, pedimos que se eliminen, y que hasta llegar a cero se establezca un mínimo no imponible desde abajo hacia arriba, desde las primeras toneladas de producción. Además, pedimos que se levante el cepo a la carne vacuna. Se deben frenar las medidas públicas que solo han favorecido la concentración, generando una expulsión de más de 5000 productores por año, así como también el deterioro de los pueblos del interior. También hay que frenar la inflación, que deteriora nuestro poder adquisitivo, golpeándonos a los que menos tenemos, por acción de algunos pocos pícaros, sin que el Estado cumpla su rol de contralor.
Ojalá la política reflexione y termine la fiesta financiada por los que trabajamos. Que quienes ejercen el poder se den cuenta de las crecientes necesidades de tantos millones de argentinos y nos escuchen. Nosotros continuaremos con nuestras banderas en alto, defendiendo a los productores, como venimos haciendo a lo largo de estos 110 años de vida y tal como lo hicieron nuestros pioneros de Alcorta. Nuestra fuerza de trabajo está intacta. Nuestros ideales y principios también, por lo que comenzaremos este 2023 con la esperanza de poder ir logrando esas respuestas, para poner fin a tantas necesidades y para hacer realidad nuestros sueños, que son los de nuestros pioneros, de poder continuar dándole vida a los pueblos del interior, produciendo alimentos y aportando en familia para construir un futuro mejor para nuestros hijos y nietos. Muy felices fiestas y un mejor 2023 para todos los argentinos.