Nicaragua pierde millones de fondos climáticos por vulnerar los derechos de los pueblos originarios
El Fondo Verde del Clima canceló un proyecto para luchar contra el cambio climático tras una queja presentada por los pueblos originarios y afrodescendientes. Se trata del primer caso en la historia de la organización.
Tras casi cerca de cuatro años de procedimientos legales, las comunidades indígenas y afrodescendientes le han ganado el pulso al Gobierno nicaragüense. El Fondo Verde del Clima, órgano de las Naciones Unidas creado en el marco del Acuerdo de París para facilitar financiación a los países con menos recursos para luchar contra el cambio climático, les ha dado la razón.
A principios de marzo de 2024, canceló un proyecto millonario que pretendía restaurar los paisajes forestales degradados de la región Caribe, pero que, no obstante, atentaba contra los derechos de las comunidades afectadas, entre ellos el de la celebración de una consulta previa e informada.
Esta decisión, primera de este tipo en la historia del Fondo, es el resultado de una queja interpuesta ante el Mecanismo Independiente de Reparación del Fondo, en junio de 2021.
«Es un precedente a nivel mundial”, explica a DW, Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río. «Para las comunidades, es un logro, se hizo justicia. En medio de la criminalización y la militarización, se recogieron más de 700 firmas rechazando este proyecto que no ha sido consultado por ellos”, recalca desde el exilio el representante de esta organización ambientalista del sureste de Nicaragua, que fue clausurada por el Gobierno de Daniel Ortega.
Dotado con más de 116 millones de dólares, el proyecto ‘Bio-CLIMA: Acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las Biosferas de Bosawás y Río San Juan’, pretendía evitar 47 millones de emisiones de dióxido de carbono con la reducción de la deforestación durante 20 años y la restauración de paisajes forestales degradados en la Región Caribe.
Las Reservas de Biosfera Bosawás y el Río San Juan fueron declaradas ‘reservas biosferas’ en 2001 y 2003, respectivamente. Dichas reservas aglomeran la mayor cobertura forestal y mayor biodiversidad de Nicaragua y forman parte del corredor de biodiversidad centroamericano.
Pero «desde la llegada de Daniel Ortega al poder, se han perdido más de 882,760 hectáreas de bosque y ha concesionado para minería metálica el 66 por ciento de la Reserva de la Biósfera de Bosawas”, explica a DW Ingrid Hausinger, Coordinadora de Ecología de la Oficina Regional para Centroamérica de la Fundación Heinrich Böll.
Para Amaru Ruiz, esta violencia “histórica” ya era uno de los factores que debió tenerse en cuenta a la hora de aprobar un proyecto que, además de ignorar este contexto, también incluía otras irregularidades.
«Antes de la queja, las comunidades denunciaron la falta de confianza en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) como entidad acreditada y en el Gobierno de Nicaragua como entidad implementadora del proyecto”, explica, por su parte, Florencia Ortúzar, la abogada de AIDA, una de las organizaciones que ha acompañado a la sociedad civil nicaragüense en el proceso, junto la fundación alemana.
«Existe evidencia por parte de la sociedad civil nicaragüense de que el BCIE, bajo el liderazgo del anterior director, Dante Mossi, regularmente ignoraba las denuncias nacionales e internacionales que indican que el régimen del presidente Daniel Ortega ha estado cometiendo crímenes de lesa humanidad desde 2018”, lamenta Ingrid Hausinger, de la Fundación Heinrich Boll, criticando la falta de transparencia en el uso de los fondos que el banco ha prestado al Estado.
“No logramos detener la aprobación del proyecto, pero sí logramos que se apruebe con condiciones”, relata la abogada Florencia Ortúzar. En este aspecto, Amaru Ruiz, el presidente de la Fundación Río, recalca el papel de Alemania en la junta de directivos del Fondo Verde del Clima, presionando para conseguirlas.
Una de estas condiciones fue la contratación de una agencia independiente que supervisara la implementación del proyecto. No obstante, después de la aprobación del proyecto, ni el banco ni el Gobierno demostraron que lograrían hacerlo cumpliendo las políticas y salvaguardas del organismo internacional. Por ello, la sociedad civil nicaragüense interpuso la queja que culminó en la investigación del Mecanismo Independiente de Reparación. Esta ha seguido diversos procesos internos hasta su resolución el pasado mes de marzo.
A pesar de esta victoria histórica, la cancelación del proyecto «tuvo impacto en Nicaragua», apunta Amaru Ruiz, señalando que, además de la destitución de Javier Antonio Gutiérrez Ramírez, viceministro del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (Marena), “hay presos políticos y un aumento de la militarización en los territorios”. Igualmente, «se habla de posibles reformas de la ley 445 para quitar derechos», lamenta Ruiz.
Fuente: DW.