La Eurocámara aprueba nuevos límites de contaminación para mejorar la calidad del aire

El Parlamento Europeo (PE) ha aprobado este miércoles, 24 de enero, la nueva Directiva sobre la calidad del aire ambiente. El texto reduce los valores máximos permitidos para los contaminantes atmosféricos, aunque se sigue quedando lejos de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El proceso comenzó, en septiembre de 2023, con la aprobación en el PE de la revisión de la Directiva (a través de un documento propuesto por la Comisión Europea (CE) con el eurodiputado Javi López –PSC– como ponente principal). Y continuó en febrero de 2024, tras el acuerdo provisional al que llegaron la Presidencia del Consejo y los representantes del PE. Con la votación de este miércoles (que ha salido adelante con 381 votos a favor, 225 en contra y 16 abstenciones) se da un paso casi definitivo.

Por delante restará el visto bueno del Consejo Europeo y su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Después, llegará el momento de la transposición a las diferentes legislaciones nacionales, para lo que hay un plazo de dos años.

Menos ambición que la OMS

Desde el Consejo Europeo se apunta que el objetivo de este cambio en las normas de calidad del aire de la UE es el de alcanzar “la contaminación cero, contribuyendo así a un entorno sin sustancias tóxicas en la UE a más tardar en 2050. También se pretende adecuar las normas a las recomendaciones de la OMS”.

Sin embargo, la realidad es que el acuerdo final queda aún lejos de lo propuesto por la OMS. Se puede comprobar con, como los definen en el Consejo, tres de “los contaminantes con mayor impacto documentado en la salud humana”.

Las partículas PM10 (cuyo valor límite anual en España actualmente está en 40 microgramos/m3), se quedan en un máximo de 20 µ/m3, aunque la OMS recomendaba 15. Las PM2,5 (20 µ/m3 en España) pasan a 10 µ/m3 (el doble de los 5 µ/m3 que propuso la OMS).

Y el dióxido de nitrógeno (NO2), que tenía un límite de 40 µ/m3, y ahora estará en 20 µ/m3 (la OMS recomienda 10 µ/m3).

En España, como ya se apuntó en La Marea con el especial La trampa de las ciudades irrespirables, los valores límite eran los mismos que se estatuyeron hace ya 13 años, en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. Éste, posteriormente, fue modificado (pero sin cambiar los máximos) por el Real Decreto 34/2023, de 24 de enero.

Esa reticencia para acompasar de verdad los límites a lo propuesto por la OMS se debe, en palabras de la directora de Salud por Derecho, Vanessa López, a que en “este tipo de medidas siempre hay conflictos de intereses, entre el derecho a la salud y las industrias del transporte, que son más reticentes a adaptarlas”.

Cumplimiento antes de 2040

A pesar de que, en un principio, la fecha de cumplimiento se había establecido en el inicio de 2030, las negociaciones postreras modificaron este extremo. Según lo explicado en el Consejo Europeo, el acuerdo ofrece a los Estados miembros la posibilidad de solicitar, a más tardar el 31 de enero de 2029 y por razones específicas y en condiciones estrictas, una prórroga del plazo para alcanzar los valores límite de calidad del aire.

Esta prórroga podrá llegar hasta el 1 de enero de 2040 “en zonas en las que el cumplimiento de la Directiva antes de la fecha límite resultara inalcanzable, debido a condiciones climáticas y orográficas específicas o en las que las reducciones necesarias sólo puedan lograrse con un impacto significativo en los sistemas de calefacción doméstica existentes”.

Y hasta el primer día de 2035 (con posibilidad de prorrogarlo por dos años más) “si las previsiones muestran que los valores límite no pueden alcanzarse en el plazo de cumplimiento”.

Para Vanessa López, “lo importante es la ambición que muestre el Gobierno de España y los gobiernos autonómicos a la hora de poner en marcha medidas para lograr el objetivo. Hay que luchar para que se consiga en 2030″.

Susana Borràs Pentinant, coordinadora del Máster en Derecho Ambiental e investigadora del Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT), recuerda que la contaminación atmosférica en Europa, según la Agencia Europea del Medio Ambiente, “sigue siendo el mayor riesgo para la salud, exponiendo a más del 90% de la población urbana a niveles muy perjudiciales, y con un balance de 300.000 muertes al año“.

Por ello, afirma, a pesar de que “sigue habiendo aspectos controvertidos, como el horizonte demasiado lejano para lograr los objetivos, es un avance muy importante”. En su opinión, los elementos más destacados son “la revisión periódica de las normas de calidad del aire de acuerdo a datos científicos, una mayor claridad sobre el acceso a la justicia, la reparación de daños, la eficacia de las sanciones y una mejor información pública”.

Otras votaciones en Europa

Más allá de la norma sobre la calidad del aire, en el plenario de hoy, la Eurocámara ha aprobado que la Unión Europea en bloque abandone el Tratado de la Carta de la Energía –un acuerdo postsoviético para proteger las inversiones energéticas–, por considerarlo alejado de los actuales objetivos climáticos de la UE. Los Estados miembros que quieran seguir vinculados a ese marco jurídico, sin embargo, podrán hacerlo. Asimismo, el Parlamento Europeo ha acordado establecer nuevas normas para reducir por primera vez los embalajes de los alimentos, y directrices para culminar en 2030 la red transeuropea de transporte. Todas ellas adquirirán carácter oficial cuando el Consejo Europeo las apruebe.

Asimismo, los eurodiputados y eurodiputadas han dado luz verde a la ley de sostenibilidad corporativa, que obligará a las grandes empresas a mitigar los riesgos ambientales de sus actividades. Esta directiva, que contempla multas de hasta el 5% de la facturación global de las compañías infractoras, se atascó en marzo cuando Alemania, Francia e Italia expresaron sus reticencias sobre el texto.

Finalmente, con 425 votos a favor, 130 en contra y 33 abstenciones, el pleno de la Eurocámara ha logrado aprobar la reforma que suaviza las exigencias medioambientales de la Política Agrícola Común (PAC) y reduce la carga administrativa de agricultores y ganaderos. Estos cambios vienen impulsados como respuesta a las protestas del campo en los últimos meses.