Transparencia, una clave para el crecimiento sustentable de la minería

Si bien la minería es centenaria en Salta, el exponencial desarrollo que tiene esta actividad, con estándares de producción modernos y con un alto impacto económico y social, es incipiente en la provincia. Lo nuevo requiere adaptación, aprendizajes y una mirada política que contemple las distintas alternativas que apunten hacia una industria sustentable, tanto como negocio, en el cuidado del medio ambiente y, sobre todo, en la mejora de la calidad de vida de la población en general.

Con ese objetivo, el jueves pasado se realizó en la Universidad Católica de Salta (Ucasal) la jornada «Minería responsable para un desarrollo productivo sostenible». Estuvo organizado por Círculos Virtuosos, que depende de la fundación Poder Ciudadano, junto al Instituto para el Desarrollo de la Minería Sustentable (Idemis) de la Ucasal. En el evento, la palabra clave fue la transparencia, como un eje fundamental para la sustentabilidad en la actividad minera.

Expusieron el abogado consultor de empresas mineras, Darío Arias, la magíster en Filosofía, Cecilia Sturla y, de manera virtual, el director regional del programa EITI (Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva), Esteban Manteca Melgarejo.

Luego se conformó un panel de diálogo entre Romina Sassarini, secretaria de Minería y Energía de la Provincia; Alberto Castillo, presidente de la empresa estatal Remsa (Recursos Energéticos y Mineros de Salta); Luis Vacazur, de la Cámara de Proveedores de Servicios Mineros y Turísticos de la Puna (Caprosemitp); Diego Pestaña, presidente de la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (Capemisa); Claudia Morales Valdés, compliance officer de la minera Rio Tinto, y Gonzalo Guzmán, director del portal Salta Transparente. El moderador fue José de Castro Alem, director del programa Minería Sostenible de la Ucasal.

Integridad

«¿De qué hablamos cuando hablamos de transparencia?», arrancó Dario Arias para explicar que no se trata solamente del cumplimiento de normas (laborales, impositivas, penales y ambientales) sino también de «integridad».

«Esto es el cumplimiento de las normas aún cuando no exista la amenaza del castigo, aun cuando a lo mejor la norma local sea menos estricta que la de los propios estándares internos de las empresas, por ejemplo», señaló el especialista.

Criticó, en materia de transparencia, que «no existe publicación de datos duros sobre ingresos de minería, sobre inversiones en exploración, sobre beneficios que la industria genera en las instituciones públicas», advirtió.

En esa línea, la secretaria de Minería de la Provincia se refirió sobre las acciones que lleva adelante su dependencia. Recordó, entre otras, los monitoreos participativos que se realizan con las comunidades adyacentes a los proyectos mineros para el control de los mismos y las capacitaciones que se realizan a los pobladores para que tengan las herramientas de conocimiento en las inspecciones.

Aclaró que ya está en marcha el Sistema de Información Minera de Salta (Simsa) y que en la brevedad estará disponible para su consulta pública. Se trata de un sitio web donde las empresas mineras cargan diferentes datos que hacen al interés general, como empleo, producción, obras, inversiones, etcétera. Esa información será procesada y publicada en internet. La iniciativa es financiada por el Banco Mundial.

Resaltó, asimismo, que Salta, en lo que respecta a la gobernanza de minería, es una de las primeras provincias que se adhirió al programa EITI.

El titular de Remsa, Castillo, explicó cómo funciona el sistema de concesión de las áreas mineras de Salta y la participación que tiene la empresa estatal en esos trámites y en el diseño de las licitaciones que redundan en beneficios a la Provincia. Contó, por ejemplo, que en la última licitación una minera (Ganfeng) comprometió una inversión de 14 millones de dólares para obras de infraestructura pública. Ese fondo, dijo , será administrado por un fideicomiso que armará el Gobierno de Salta.

Modelo chileno

A todo esto, el presidente de Capemisa, Diego Pestaña, planteó que un avance hacia la transparencia sería implementar en la provincia el sistema de puntaje que en Chile se utiliza para los proveedores mineros.

Bajo ese modelo, las empresas proveedoras cargan su información a un sitio web y obtienen una puntuación de acuerdo a la capacidad de obra, capacidad financiera y antecedentes, entre otras. Lo mismo hacen las mineras.

Contrapunto 

En su disertación, el abogado Gonzalo Guzmán Coraita apuntó contra la figura de sociedad anónima con la que se constituyó Remsa.

Dijo que tras esa conformación, la empresa, a pesar de pertenecer al Estado (en rigor, la Provincia es el único accionista de la firma), no tiene obligación de brindar cierta información que otras instituciones públicas sí deben hacerlo, como pueden ser sus balances económicos. Lo mismo ocurre, recordó, con Aguas del Norte.

Señaló que Remsa tiene partidas asignadas en el Presupuesto provincial, aunque no están ejecutadas. En ese sentido, el presidente de Remsa confirmó que si bien así figura en la Oficina de Presupuesto, la empresa no utiliza esos recursos sino que funciona con fondos propios que se generan con la actividad minera.

Afirmó que está comprometido a brindar cualquier tipo de información sobre Remsa a quién lo requiera, aunque no existe normativa que lo obligue a publicarlo en alguna plataforma.