COP29 arranca con la tarea de acordar una nueva meta de financiamiento
Casi termina el 2024 y pareciera que el planeta vive un permanente dejà-vu: nuevamente los pronósticos indican que los últimos 12 meses serán los registros más calurosos de la historia. También será el período en que el promedio global de la temperatura superará el 1,5ºC, establecido como límite en el Acuerdo de París.
En este contexto, comenzó la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (la COP29) en Bakú, Azerbaiyán. Otra vez, una nación petrolera será la sede del encuentro que reúne anualmente a 197 países. Este año a propósito de un tema espinoso, el financiamiento de las medidas de adaptación y mitigación, es decir, quién pone el dinero, a quién está destinado y cuánto es el monto total que se debe aportar.
Hasta ahora, la meta vigente es la que se estableció en el Acuerdo de París: los países ricos debían alimentar un fondo con $100.000 millones de dólares al año desde 2020 hasta el año que viene. El 2025 llega dentro de poco y aparece el desafío de acordar una nueva meta, que ya cuenta con una sigla de difícil recordación: el Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado (NCQG, por sus siglas en inglés).
Las conversaciones sobre este asunto llevan tres años y llegan a su punto álgido en Bakú.
Dinero para responder a la urgencia
El compromiso original de $100.000 millones de dólares se cumplió, por primera vez (y con dos años de retraso), en 2022, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Este 2024, los países en desarrollo aspiran a alcanzar un objetivo de $500.000 millones hasta 1 billón de dólares anuales.
No obstante, las necesidades de financiación superan esas cifras. Un estudio, realizado por Climate Policy Initiative, evidencia que los flujos anuales de financiación deben multiplicarse al menos por seis en comparación con los niveles actuales, alcanzando los $8,5 billones de dólares anuales de aquí a 2030, y más de $10 billones anuales de 2031 a 2050.
Esas necesidades no sólo se refieren al dinero para invertir en tecnologías bajas en carbono que ayuden a reducir las emisiones. Para regiones como América Latina y el Caribe, se trata sobre todo de materializar medidas de adaptación y recuperación tras el embate de eventos y condiciones climáticas extremas como huracanes o sequías, entre otros.
Si bien los flujos de financiación para la adaptación aumentaron de $22.000 millones en 2021 a $28.000 millones de dólares en 2022, aún existe un déficit que se estima entre $187.000 y 359.000 millones de dólares al año, según se señala en The Adaptation Gap Report 2024.
En este sentido, se está pidiendo que se establezca un objetivo específico de adaptación dentro del NCQG. Eso sí, los países en desarrollo son enfáticos: ese financiamiento deberá ser adicional.
Para los países del Sur Global este debate también representa un desafío geopolítico. El año pasado, en la cumbre climática realizada en Dubái (la COP28), se aprobó la creación de otro fondo, uno para afrontar las pérdidas y daños derivados de los impactos del cambio climático. Hasta el momento, el consejo de administración se reunió en mayo y el Banco Mundial confirmó su capacidad y voluntad de acogerlo por los próximos cuatro años. Aún falta responder las preguntas esenciales: cómo se harán los aportes, quiénes tendrán acceso a financiamiento, cómo se desembolsará el dinero y a partir de cuándo.
El próximo año, la COP30 tendrá sede en Belém de Pará, y los anfitriones no quieren que toda decisión quede acumulada para ese momento. Y previendo esto, Brasil puso el tema de la movilización de recursos financieros en el centro de las discusiones del G20, el cual está presidiendo en este 2024.
En la declaración de octubre del G20 se lee: “para alcanzar estos objetivos, consideraremos herramientas económicas innovadoras, como los pagos por servicios ecosistémicos, entre otros, la fertilidad del suelo, el control de la erosión, la polinización y el suministro de agua”. Asimismo, Brasil está promoviendo el Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF, por sus siglas en inglés), un instrumento de inversión que aspira a estar operativo en la COP30.
Nuevos contribuyentes
Además del monto, otros temas desafían a la negociación. Uno de ellos es la base de contribuyentes. Para la meta anterior, se definió que los países donantes fueran Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Reino Unido, Canadá, Suiza, Turquía, Noruega, Islandia, Nueva Zelanda y Australia.
En este nuevo proceso, los países ricos piden que se comparta la carga y solicitan que se incluya a los países en desarrollo que se han vuelto más prósperos y cuyas emisiones también son altas. Aunque no se mencionan públicamente, China acapara las miradas así como Singapur y estados petroleros como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.
“Es totalmente justo agregar nuevos contribuyentes, dado el continuo cambio de las realidades y capacidades económicas”, argumentó Estados Unidos en un escrito fechado en agosto dirigido a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
La cuestión ha provocado discusiones acaloradas en los meses previos a la COP29. Los países en desarrollo incluso han dicho que los países ricos están tratando de imponer este tema y negándose a abordar el monto a pagar.
“Esto es negociar de mala fe”, dijo Iskander Erzini Vernoit, de la Iniciativa Imal para el Clima y el Desarrollo, a AFP. “Por el bien de los países más pobres y vulnerables del mundo, no es justo mantener todo el proceso como rehén”, continuó.